1 feb. 2011

Orlando, el furioso

¿Cuántos presos necesita la Argentina?

¡Qué pregunta para el primer post de este blog! Escapa a toda lógica, incluso al más llano sentido común, que una sociedad “necesite” presos. Pareciera más razonable interrogarse sobre la necesidad o utilidad del castigo o sobre su real incidencia en la prevención del delito y la violencia. Preguntas – a diferencia de cuanto pueda suponerse – que no tienen respuestas obvias.

Sin embargo, al momento de decidir qué hacer con la cuestión de la inseguridad urbana, buena parte de los políticos – temerosos de los medios u oportunistas – se limitan a abordar el “problema” sin apartarse del estrecho margen de la política criminal que, en concreto, no es sino la decisión política acerca de cuántos presos son “necesarios”. Desde ya, esto nada tiene que ver con una preocupación y atención seria a la problemática de la inseguridad y del delito. Por lo general, estas decisiones tienen lugar en momentos de emergencia punitiva, un particular hecho social – esporádico, pero que se repite con frecuencia cada vez mayor – en el que se combinan y retroalimentan la acción de los medios, el oportunismo político y la ansiedad social; y que se traduce en reformas normativas que generan superpoblación y hacinamiento en las cárceles, lo que a su vez es causa de una serie de violaciones a los derechos humanos, que van desde el agravamiento de las condiciones de detención hasta torturas y ejecuciones encubiertas. Por supuesto, en nada contribuyen a solucionar la problemática del delito o a disminuir la preocupación de la sociedad al respecto.

Hace algunas semanas, el economista Orlando Ferreres publicó en el diario La Nación una columna de opinión que no merece el menor análisis criminológico, pues su falta de rigor la refuta por sí sola. Sin embargo, si nos detenemos un instante a analizar el razonamiento de Ferreres, en seguida nos damos cuenta de que “nos hace ruido” por lo burdo y rudimentario de su análisis, pero que, en cuanto al fondo de la cuestión, no dista demasiado del discurso mediático dominante y del de un buen número de políticos. Ferreres, luego de juzgar que “la inseguridad es actualmente el principal problema de la Argentina”, afirma que “ha existido un aumento importante de la población, pero no creció en igual medida la represión del delito”. De este modo, comparando el índice de encarcelamiento de nuestro país con el de los Estados Unidos, llega a la conclusión de que la Argentina necesita más presos, puesto que “andarían sueltos unos 250.000 delincuentes”.

Dejemos de lado la curiosa alquimia demográfica que emplea Ferreres. Estados Unidos – que concentra menos del 5 por ciento de la población mundial pero un cuarto de los presos de todo el planeta – es también el país industrializado con mayor índice de homicidios. Las cárceles de los Estados Unidos, por otra parte, no están llenas de homicidas, violadores o asesinos seriales como los de las series que nos venden, sino de delincuentes bagatelares, consumidores de estupefacientes y reincidentes de pequeñas infracciones. Con más de 700 personas presas por cada 100.000 habitantes, tiene el índice de encarcelamiento más alto del mundo: si se considera solamente a los adultos, 1 de cada 10 estadounidenses está preso. De los cuales, una gran mayoría son negros y pobres.

No escapa al economista que el sistema de encierro de los Estados Unidos es económicamente insostenible para nuestro país, pero curiosamente afirma que la sociedad “estaría dispuesta a pagar el costo económico” de vivir con menos temor. De ese modo, sostiene, el Estado absorbería muchos costos que hoy en día asume el sector privado, como los gastos en seguridad privada de las empresas o de los barrios cerrados. La conclusión, entonces, es que habría que construir más cárceles. Son muchos los motivos que se oponen a esto, quizás la ineficacia preventiva de la prisión sea el de mayor peso. Pero lo cierto es, además, que un sistema de encierro como el norteamericano es impracticable en sociedades como las nuestras, en razón de sus elevadísimos costos. Por ello, visto que no resulta posible neutralizar a un número tan vasto de personas como el que se pretendería, se promueve una “incapacitación selectiva”, que encuentra hoy en los jóvenes su blanco predilecto. El Estado, ausente en todo momento, aparece en sus vidas tarde y con el garrote.

La situación carcelaria en nuestro país es crítica, como lo revelan los informes de los principales organismos de derechos humanos, nacionales e internacionales. En diez años la población carcelaria argentina aumentó más del doble, no precisamente al ritmo de los delitos. Más del 60% de los presos de nuestro país aún no han sido condenados, y muchos de ellos serán declarados inocentes. Esta cifra es mucho mayor en la provincia de Buenos Aires, donde todavía se sienten las nefastas consecuencias de las reformas procesales del ex gobernador Carlos Ruckauf, que en diez años triplicaron la población penitenciaria. No suele estar entre las preocupaciones de los políticos y, por esta razón, es imperioso que alguien – desde el poder – se haga cargo del problema carcelario.
Los jueces, antes de enviar una persona a la prisión, deberían cerciorarse de poder hacerlo sin vulnerar ningún derecho más allá de la libertad del condenado. Es su obligación como garantes de la vigencia de la Constitución nacional.

Es de esperar que quienes aspiran a cargos electivos en el año en curso, no caigan en la tentación oportunista de manipular los legítimos intereses de seguridad y protección estatal de la ciudadanía, ofreciendo “soluciones mágicas”. En particular, es imprescindible que tomen conciencia del alto riesgo que corren los jóvenes de clases bajas, víctimas de una sociedad excluyente que, además, ya los ha estereotipado. En días recientes, una vez más, se ha instalado en la opinión pública la cuestión de la “edad de imputabilidad”. Estos reclamos ignoran la incidencia real de los delitos cometidos por menores (en el orden del 4% en la provincia de Buenos Aires). Es de esperar, también, que a diferencia de lo sucedido en otras oportunidades, si en algún momento emanara del parlamento alguna respuesta demagógica de corte punitivo, el gobierno nacional vetara esas normas.

Conclusiones como las de Osvaldo Ferreres, o proyectos de disminución de la edad de punibilidad, entre otras improvisaciones, son sólo posibles ante la falta de datos fidedignos sobre el delito, carencia que favorece la manipulación de la opinión pública. Por ello, es imprescindible la aprobación del proyecto de creación del Observatorio del Delito y la Violencia. El gobierno de la Ciudad, por su parte, debe reglamentar la ley 2.593 (¡de 2007!) que creó el Sistema de Información para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia, y realizar las encuestas de victimización anuales establecidas por la Legislatura porteña. Sin conocer el fenómeno sobre el que se pretende actuar se corre el riesgo de promover “soluciones” que sean parte del problema o, incluso, la causa de nuevas y mayores tragedias.

3 comentarios:

  1. Buenísimo análisis Rober. 100% de acuerdo con lo que decís. Es más que evidente que esto no es una cuestión de posturas sino de oportunismos. Como siempre todo apunta a la visión mas superficial y facilista, que es con la que históricamente se manejó la opinión pública.

    ResponderEliminar
  2. Me parece que el análisis de la situación es certero, y afortunadamente cada vez se escuchan más voces críticas a esas estructuras de construcción y manipulación del miedo, aunque está claro que la competencia es imposible por la masividad de uno y otro mensaje.

    En la criminalización de los jóvenes en particular, veo un intento de disciplinamiento social al que no hay que estar ajenos.

    ResponderEliminar
  3. Excelente Rober... la verdad espelugnante las estadisticas yankees, obvio que creo que comparar un pais por lo peor que tiene, si se puede solo poner una sola cosa obvio, es muuuy de cuarta.
    Una pregunta, 1 de 10 esta preso o por lo menos estuvo??
    La verdad es que si tu estadistica es correcta es terrible..

    ResponderEliminar